Entre las medidas urgentes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para hacer frente al Covid-19 destacan, en relación con los inquilinos, las siguientes:
Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, por un periodo máximo de seis meses desde el 2 de abril. Para ello una vez que se levante la suspensión actual de los plazos cuando finalice el estado de alarma, la persona arrendataria tiene que acreditar ante el Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional.
