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El pasado 1 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2000, que regula el subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la seguridad Social. Ayer 4 de mayo, se publicó en el BOE, el procedimiento para solicitar este subsidio.

¿Quién puede solicitarlo? Lo podrá solicitar aquellas personas que antes del 14 de marzo estaban dadas de alta en la Seguridad Social como empleados del hogar, y que tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios  con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, o se haya extinguido su contrato de trabajo por causas ajenas a su voluntad y debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

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El pasado 14 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020 que decretó el estado de alarma. En dicho decreto se estableció que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por la calle para realizar las siguientes actividades:

«a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.»

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Entre las medidas urgentes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para hacer frente al Covid-19 destacan, en relación con los inquilinos, las siguientes:

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, por un periodo máximo de seis meses desde el 2 de abril. Para ello una vez que se levante la suspensión actual de los plazos cuando finalice el estado de alarma, la persona arrendataria tiene que acreditar ante el Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional.

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La respuesta a esta pregunta la encontramos en una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo donde por primera vez analiza el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.7 del Código Penal introducido en la última reforma del 2015.

Artículo 197.7 CP: «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. ….»

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