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Recientemente el Tribunal Supremo ha solventado esta cuestión al resolver un recurso de casación presentado por un trabajador que sufrió un síncope con parada cardiovascular durante “la pausa del bocadillo” en el comedor de la empresa en la que trabajaba.

En un primer momento se le reconoció al trabajador, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una Incapacidad Permanente en grado de invalidez, derivada de contingencia común. Esta resolución administrativa fue recurrida por el trabajador al considerar que se debía de calificar su lesión como accidente laboral y no como contingencia común, por lo que interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social.

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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija la interpretación del artículo 15 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular dicho impuesto.

Según el artículo 15 de referida ley, «el ajuar doméstico se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje«.

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El pasado 1 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2000, que regula el subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la seguridad Social. Ayer 4 de mayo, se publicó en el BOE, el procedimiento para solicitar este subsidio.

¿Quién puede solicitarlo? Lo podrá solicitar aquellas personas que antes del 14 de marzo estaban dadas de alta en la Seguridad Social como empleados del hogar, y que tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios  con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, o se haya extinguido su contrato de trabajo por causas ajenas a su voluntad y debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

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El pasado 14 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020 que decretó el estado de alarma. En dicho decreto se estableció que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por la calle para realizar las siguientes actividades:

«a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.»

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Entre las medidas urgentes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para hacer frente al Covid-19 destacan, en relación con los inquilinos, las siguientes:

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, por un periodo máximo de seis meses desde el 2 de abril. Para ello una vez que se levante la suspensión actual de los plazos cuando finalice el estado de alarma, la persona arrendataria tiene que acreditar ante el Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional.

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